Para comprender muchos de los procesos de controversia científico-tecnológica, se precisa de una nueva teoría de la experticia científica, que incluya las nociones de “experticia distribuida” y de “experticia dialógica”. En el sistema administrativo español no existe una cultura de la ciencia regulativa lo que propicia el rechazo del público y de los sectores interesados en las acciones regulatorias, tal como muestran los casos de estudio.